Comercio de residuos plásticos en América Latina y el Caribe
Latin America & the Caribbean - Plástico -
A cinco años de la entrada en vigor de la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea, conversaremos en un panel con miembros de GAIA y Break Free From Plastic sobre comercio de residuos plásticos, análisis de datos y regulación regional, además de las principales tendencias, desafíos e impactos de este fenómeno en América Latina basado en sus propias investigaciones.
Participaron: Alianza Basura Cero Chile, CESTA El Salvador, México Tóxico, Alianza Basura Cero Ecuador y Aliança Resíduo Zero Brasil.
Temas:
Experiencias desde distintos países de la región.
Perspectiva de derechos humanos.
Industria, políticas públicas y comercio de residuos.Importación de textiles usados y sus impactos.
Related Resources
Managing Organics with Waste Pickers: A Briefing for Policymakers
- Climate -
Waste pickers play a critical role in climate action, methane reduction, and sustainable waste management, yet their contributions are often overlooked in public policy. This briefing from the Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) highlights how integrating waste pickers into formal waste management systems can improve environmental outcomes, strengthen local economies, and advance environmental justice.
"Managing Organics with Waste Pickers: A Briefing for Policymakers," co-released by GAIA and the International Alliance of Waste Pickers, examines how waste pickers—estimated at 15 to 20 million workers worldwide—are increasingly leading organic waste management efforts. By diverting food scraps and organic materials from landfills, waste pickers help reduce methane emissions, one of the most potent greenhouse gases driving climate change.
The report provides recommendations for policymakers seeking to build inclusive, community-based waste management systems that support waste picker livelihoods while advancing climate and zero waste goals.
Submission to the U.N. Human Rights Council Advisory Committee on the implications of plastic pollution for the full enjoyment of human rights
- Plastic -
This submission details the myriad ways that plastic pollution violates human rights at every stage from extraction to disposal, and identifies the specific groups most impacted. The reader can also find proposals for how to address these human rights abuses through policy fora such as the Basel Convention and the plastics treaty, and regional and national policy, emphasizing an inclusive, Just Transition approach.
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025. – Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para denunciar la aprobación “fast track” y “en lo oscurito” de la nueva Ley General de Economía Circular, impulsada por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué y elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) junto con el sector privado.
Con pancartas que decían “LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR = LICENCIA PARA CONTAMINAR” y “QUEMAR BASURA MATA”, activistas exigieron frenar de inmediato el avance legislativo de esta iniciativa y abrir un proceso real de consulta pública con comunidades, especialistas y sociedad civil.
Las organizaciones Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Asociación Ecológica Santo Tomás, No Es Basura (NEB) y Greenpeace México denunciaron que esta ley es una “simulación” y que su elaboración excluyó por completo la participación ciudadana, violando el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a garantizar la participación pública en asuntos ambientales.La propuesta también incumple obligaciones judiciales previas, incluyendo un amparo que ordena legislar para prohibir los plásticos de un solo uso.
Las organizaciones calificaron la ley como un “retroceso ambiental y social”, y señalaron cuatro motivos clave por los que no debe ser aprobada:
1. Apuesta por la incineración y no por la prevención
La iniciativa sitúa a la termovalorización (incineración de basura) como eje central, ignorando el principio básico de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera.
Las organizaciones recalcan que este proceso no es limpio ni renovable, genera gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos altamente tóxicos, y requiere grandes volúmenes de basura, incluidos materiales reciclables. Mientras tanto, alternativas como el ecodiseño, la reducción de envases o la reutilización pueden evitar contaminación, reducir emisiones y generar más empleos que la incineración.
2. Privilegia intereses económicos sobre la salud y el ambiente
Aunque la iniciativa se presenta como ambiental, privilegia criterios económicos. La Secretaría de Economía tendría un rol central en aprobar acuerdos, dejando en segundo plano la salud, la protección ambiental y los derechos humanos.
Además, abre la puerta a “falsas soluciones”, como bonos verdes y créditos de carbono, que permiten a las empresas evitar cambios reales en sus procesos contaminantes.
3. Mantiene el modelo lineal y debilita la Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
La propuesta no busca transformar la forma en que se diseñan, producen o consumen los productos. No incorpora medidas para promover durabilidad, reparación y reutilización.
Sin estas herramientas, el país continúa atrapado en el modelo de “usar y tirar”, que depende de extracción constante de recursos y genera altos costos ambientales y económicos.
Si bien se menciona la REP, su implementación sería gradual y flexible, excluyendo impactos sociales y de salud vinculados a todo el ciclo de vida de los productos.
4. Excluye a la sociedad civil y omite la salud pública
La ley carece de indicadores sanitarios, mecanismos de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, y tampoco considera una coordinación con el sector salud.
Para las organizaciones, omitir la voz de las comunidades genera leyes injustas, poco efectivas y sin legitimidad social. Ignorar la salud pública solo incrementa desigualdades y eleva costos futuros en atención médica.
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa es contraria al mandato principal de SEMARNAT: proteger el ambiente y la salud de la población. En lugar de promover la reducción de residuos y la transición hacia modelos sostenibles, la ley normaliza prácticas contaminantes y debilita el marco legal existente, y afirmaron, no responde a la magnitud del desafío socioambiental del país.
México – Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profunda preocupación ante la nueva iniciativa de Ley General de Economía Circular, presentada recientemente en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué. La propuesta elaborada por SEMARNAT en conjunto con el sector privado, se presenta como un avance ambiental, pero su contenido revela un enfoque centrado en beneficios económicos y extractivos, dejando en segundo plano la protección del ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades.
Según las organizaciones, la iniciativa contradice los principios que México ha defendido en espacios internacionales como la COP30, y carece de la ambición climática señalada por la propia Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena.
“La iniciativa presentada es una simulación que bajo el disfraz de la economía circular deja una carta abierta para que los actores con intereses económicos continúen con sus prácticas contaminantes. No protege la salud ambiental de manera efectiva. Al no incluir indicadores sanitarios; verdaderos esquemas de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, ni la coordinación con el sector salud. Además, al establecer esquemas voluntarios y distintivos artificiales para la industria, deja desprotegida a toda la población y a los ecosistemas frente a los riesgos derivados de la contaminación producida en todo el ciclo de vida de los productos”, agregó Larisa de Orbe, Directora de Acción Ecológica México.
Una ley que prioriza quemar basura antes que prevenirla
Una de las principales críticas es que la iniciativa apuesta por la termovalorización, es decir, la quema de residuos, sin priorizar la prevención de su generación. Esto va en contra del principio básico de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera. Aunque incluye la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), las organizaciones advierten que su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles, lo que podría retrasar la asunción real de responsabilidades por parte de las industrias. Además, la Secretaría de Economía tendría un rol decisivo en dichos acuerdos, reforzando un sesgo económico por encima del bienestar ambiental y sanitario.
Por otro lado, las organizaciones señalan que la propuesta sustituye acciones reales de reducción y prevención, normaliza tecnologías contaminantes y carece de medidas para promover el rediseño, durabilidad, reparación y reutilización de productos. Esto, dicen, perpetúa el modelo de producción lineal y la obsolescencia programada.
“Esta iniciativa niega al consumidor la información necesaria para ejercer su derecho a un consumo más responsable… permanece una política que favorece una forma de producción con profundas externalidades ambientales y sociales que pagamos todos”, afirmó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.Otro punto crítico es la modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos bajo el argumento de armonización. En realidad, denuncian, esto debilita la legislación existente al introducir principios que favorecen la termovalorización, pese a su impacto negativo en la salud y en los territorios donde se pretende implementar.
Un proceso excluyente y contrario al Acuerdo de Escazú
Las organizaciones también denuncian que el proceso de elaboración de la iniciativa excluyó a la sociedad civil, pese a la obligación legal de participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú. Además, incumple resoluciones judiciales, como el amparo ganado por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura; que establece la obligación legislativa de prohibir plásticos de un solo uso.
“En su forma actual, la iniciativa representa un retroceso ambiental y social… hacemos un llamado urgente a SEMARNAT y legisladores a corregir el rumbo, abrir el proceso a la ciudadanía y no avanzar con esta ley”, declaró Viridiana Lázaro, de Greenpeace México.
“La nueva iniciativa que busca tropicalizar el concepto de economía circular, solo gestiona los residuos sin evitar su producción. Esto sin importar que las prácticas ahí plasmadas expongan la salud y el ambiente de los mexicanos. Las y los legisladores que se dicen preocupados por el pueblo deben demostrarlo, y rechazar esta iniciativa promovida desde las oficinas de la Semarnat”, señaló José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
“Durante este año, no hemos visto ninguna iniciativa que pretenda poner fin al problema real, que es evitar la producción; está iniciativa escrita por SEMARNAT, empresas e industrias, no es la excepción. No hay una intención real para legislar por la prohibición de plásticos de un solo uso, una legislación para regular las sustancias químicas peligrosas y sobre todo, acciones para prevenir la exposición a sustancias y este tipo de materiales nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Es lamentable que la Secretaría encargada de velar por el medio ambiente y la salud presente proyectos de ley que perpetúan el daño”, comentó Claudia Romero de Fronteras Comunes.
Finalmente, las organizaciones coinciden en que México tiene la oportunidad de construir una legislación que priorice la salud, reduzca emisiones, minimice residuos y proteja a las comunidades. Sin embargo, advierten que la iniciativa presentada representa un retroceso y urge corregir el rumbo antes de avanzar en el proceso legislativo.
En el Día internacional de los suelos GAIA se suma al esfuerzo de cuidar su preservación y resaltar su vínculo con la gestión de los residuos orgánicos.
El Día internacional de los suelos se celebra desde 2013 y este año tiene como lema “Suelos sanos para ciudades saludables”. Si bien la fecha oficial es el 2013, sus orígenes se remontan al año 2002 gracias al impulso de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS), la cual propuso este evento en el marco de la creación de un foro colaborativo que surgió ante la necesidad de compartir experiencias sostenibles para recuperar un suelo que pensábamos era un recurso infinito.
Algunos datos importantes para tener en cuenta:
Más del 95% de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos básicos químicos esenciales para las plantas proceden del suelo.
Hoy en día el 33% de los suelos están degradados. La erosión y una inadecuada gestión del mismo altera el equilibrio natural de la Tierra, desaprovechando recursos hídricos y reduciendo el nivel de vitaminas y nutrientes de los alimentos que producimos.
Las prácticas sostenibles de gestión del suelo mejoran su salud, reducen la erosión y la contaminación; y mejoran la infiltración y el almacenamiento del agua.
Estas prácticas también preservan la biodiversidad, mejoran la fertilidad y contribuyen a la retención de carbono, desempeñando un papel crucial en la lucha contra el cambio climático.
El vínculo entre los suelos y los residuos sólidos municipales no es evidente hoy en día. Incluso, históricamente las aguas servidas se utilizaban para renovar la fertilidad de los suelos aledaños a las ciudades para poder producir alimentos.
Se podría decir que es casi como cuando se barren las hojas caídas de los árboles, se embolsan y luego se eliminan de parques, césped o jardines. Se altera el ciclo natural de descomposición y reintegro de la materia orgánica al ciclo de la vida.
Cuando se piensa en el suelo, casi siempre se asocia con el campo y la naturaleza. No obstante, rara vez nos detenemos a pensar que el suelo de las ciudades también es fundamental.
Este Día Mundial del Suelo 2025 pone el foco en los paisajes urbanos con el tema “Suelos sanos para ciudades saludables”. Bajo el asfalto, los edificios y las calles, existe un suelo que, si es permeable y está cubierto de vegetación, ayuda a absorber el agua de lluvia, regular la temperatura, almacenar carbono y mejorar la calidad del aire. Pero cuando se sella con cemento, pierde estas funciones, haciendo que las ciudades sean más vulnerables a inundaciones, calor extremo y contaminación.
En este sentido, basura cero busca no solamente que pensemos en los residuos con un análisis crítico, sino que ofrece también acciones reales para habitar de forma saludable y sostenible nuestras ciudades.
¿Cómo podemos cuidar de mejor manera los suelos que nos alimentan y nos acompañan?
Separar nuestros residuos en nuestro día a día resulta ser clave para poder gestionar la fracción biodegradable de los residuos (habitualmente denominados residuos orgánicos, o RROO). Al separar los restos de nuestra alimentación, del plástico, el cartón, aluminio, vidrios, etc., estamos contribuyendo a que la municipalidad, recicladores, otros agentes, o nosotros mismos podamos hacer un tratamiento adecuado o un retiro diferenciado de esta fracción, permitiendo que exista una gestión específica de estos residuos, lo que facilita el reintegrar materia orgánica, nutrientes y minerales a suelos que producen alimentos, parques o jardines.
¿Qué métodos de tratamiento de residuos orgánicos existen?
Históricamente los residuos orgánicos se han compostado, pero también con el paso del tiempo se han utilizado métodos más específicos como el vermicompostaje, la digestión anaeróbica y la producción de larvas de mosca soldado negra. Todos los métodos ofrecen uno o más subproductos, aprovechables para nutrir los suelos, generar energía y/o inclusive producir nuevas formas de alimentación animal.
¿Sabías que además al separar tus residuos, contribuyes a que estos no produzcan metano?
El metano es uno de los gases de efecto invernadero más importantes en la actualidad, y al mismo tiempo un “problema” de relativamente fácil solución, que puede ser implementada de forma descentralizada, y en función de diferentes volúmenes (o toneladas), climas, y presupuestos.
Entender cuántos residuos orgánicos se tienen que gestionar, con cuánto espacio, presupuesto de inversión y operación, con cuántas personas y maquinarias se cuentan, qué normativas y reglamentos existen en las ciudades, es fundamental para diseñar un sistema descentralizado que ofrezca la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda separar sus residuos y disfrutemos de los círculos virtuosos que esta modalidad de tratamiento ofrece.
¿Por qué es tan importante separar los residuos?
Porque de esta manera se facilita la valorización de esta fracción fértil y nutritiva; y porque evitamos contribuir a la contaminación de los suelos con microplásticos y los productos químicos nocivos asociados a su producción.
¿Cuáles son los círculos virtuosos de la gestión diferenciada de los residuos orgánicos ?
En base al trabajo que nuestras membresías y aliados desarrollan, vemos que el aprovechamiento del compost, el humus, o del digestato de los biodigestores, empiezan a desarrollarse proyectos comunitarios urbanos o rurales, en donde la alimentación saludable pasa a ser un tema central. Quienes hayan producido tomates, lechugas, flores o hierbas medicinales, saben que el resultado se aprecia y valora mucho más, porque vemos cómo el fruto de la dedicación y el cariño, la tierra nos ofrece comida sana en nuestros platos, y nos recuerda un vínculo ancestral con la madre Tierra.
Los vínculos que vecinos y vecinas forjan al encontrarse en torno a una compostera comunitaria, por ejemplo, son relaciones sociales sumamente importantes, creativas y valiosas, y desde allí se desprenden habitualmente el interés en almacenar y cuidar semillas ancestrales, y recetas para cuidar cultivos de plagas y enfermedades. Cuidar una huerta o un jardín hoy en día es también un espacio educativo, en sí mismo, e inclusive un oasis de paz y salud mental que es muy útil y necesario en esta vida moderna.
En el Día internacional de los suelos, les invitamos a conocer el documento técnico Residuos orgánicos Municipales: Estrategias para reducir las emisiones de metano, y a que todos aportemos con nuestro granito de arena para hacer esta solución una realidad habitual, y que sus beneficios se observen en lindas huertas y espacios de producción de alimentos en toda América Latina.
El 24 de octubre tuvimos la oportunidad de conocer a parte del equipo de la Asociación para la promoción y el Desarrollo de la Comunidad, CEIBA, y de conocer dos proyectos muy valiosos para el país que son articulados por la oficina de Chimaltenango en el Lago de Atitlán. Los proyectos que impulsa la Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad en Guatemala son variados, y en particular los proyectos visitados vinculan los residuos con la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.
Por un lado CEIBA es parte de la comisión de seguridad alimentaria de la municipalidad, que impulsa y promociona el cambio de comportamiento en torno a la soberanía alimentaria entre familias con desnutrición. Con el objetivo entonces de mejorar la productividad, y la variedad de los alimentos consumidos, la comisión se enfoca en generar educación desde los establecimientos educacionales hasta llegar a la comunidad en torno al lago. Otro de los objetivos, es el empoderamiento de las mujeres para organizar la venta de canastas agroecológicas en el sector, proyecto que se inició durante la pandemia. Además, visitamos un proyecto de parcela demostrativa de agroecología en donde los residuos orgánicos son transformados en abono para la nutrición de suelos y cuidado de los cultivos.
El segundo proyecto que conocimos es “Biofábrica”, que incentiva el uso de bioles en la comunidad, con el objetivo de disminuir el uso de agroquímicos, y el incentivo a la productividad de mujeres indígenas, quienes utilizan sus prácticas ancestrales de cultivo en la zona de Concepción.
La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés) y el movimiento Break Free From Plastic (BFFP) presentan un análisis inédito sobre las políticas relacionadas con los plásticos en América Latina y el Caribe. Este informe busca ofrecer una visión integral sobre los avances legislativos en la región.
El análisis revela que 23 de 34 países (68%) en LAC cuentan con algún tipo de legislación nacional específica sobre plásticos, lo que representa un avance significativo, especialmente considerando que la mayoría de estas leyes han sido promulgadas en la última década. Sin embargo, es imperativo que ahora los esfuerzos se concentren en la implementación efectiva de estas normas.
La subregión del Caribe sobresale con una cobertura legislativa del 100%, evidenciando un compromiso regional más uniforme con la regulación de plásticos. No obstante, a pesar de que países como Jamaica y Barbados han propuesto sistemas de implementación escalonada con supervisión, la realidad es que en la zona aún hace falta un considerable trabajo por hacer en el área de implementación.
Por otro lado, Centroamérica y México muestran la menor progresión, con solo el 38% de los países implementando legislación nacional, a pesar de contar con ejemplos destacados como Costa Rica y Panamá. Sudamérica registra un avance moderado, con un 50% de los países con leyes nacionales; Brasil y Argentina, por ejemplo, han hecho progresos significativos a nivel municipal o estatal, aunque con marcos nacionales todavía limitados.
Felipe Torres, PhD. especialista en prevención de residuos e investigador de la Universidad de São Paulo, quien también es asesor de proyectos para GAIA y BFFP, subraya que “la crisis del plástico es un desafío global que requiere marcos regulatorios sólidos y específicos. Este trabajo reúne los esfuerzos realizados en América Latina y el Caribe para enfrentar esta crisis. Sin embargo, la aprobación de leyes nacionales es solo el primer paso: es crucial implementarlas, fiscalizarlas y ajustarlas para garantizar su efectividad, logrando así que la transición hacia sistemas productivos más sostenibles sea una realidad tangible”.
El Tratado global de plásticos se presenta como una “oportunidad histórica” para catalizar y armonizar políticas, proporcionando un marco común que impulse la convergencia normativa y facilite el intercambio de mejores prácticas entre los países líderes, como los del Caribe, hacia aquellos con marcos menos desarrollados.
Alberto Quesada, consultor de políticas en Costa Rica, señala que “la sociedad civil tiene un rol fundamental y necesario para acompañar los procesos de implementación. En ese sentido destaca que “los primeros fiscalizadores son los ciudadanos”. Explica que “quienes están en el día a día actuando como personas consumidoras, tienen la gran posibilidad de ser el termómetro o la principal línea para conocer si se están aplicando o no efectivamente estas normativas. Claro que también los estados deberían tener mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a reportar, a denunciar o a solicitar información”.
Asimismo, Tatiana Bastos, del Instituto de Direito Coletivo Brasil, agrega que “también es la función de la sociedad civil hacer seguimiento con las herramientas que tiene, inclusive la judicialización. Hay leyes y hay normas que podemos llevar a juicio para que sean efectivas.Yo pondría esta herramienta de llevar a la justicia las reglas que ya existen”. Además destaca que “tenemos que darle importancia a la disponibilidad de datos entre la sociedad civil. Necesitamos que exista calidad en la disponibilidad de esos datos y utilizarlos en nuestras reivindicaciones”.
Alejandra Parra, de Alianza Basura Cero de Chile y RADA Chile, también resalta que “el trabajo de las organizaciones es la solución de muchas de las problemáticas” y asegura que “la sociedad en su conjunto es capaz de generar un efecto en el trabajo legislativo”.
A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos estructurales comunes para una implementación efectiva. Algunos países como Ecuador, reportan una implementación limitada a pesar de contar con marcos legales robustos. La influencia de grandes corporaciones multinacionales también juega un papel crucial, a menudo priorizando sus intereses económicos sobre la implementación de estrategias nacionales. Muchos países enfrentan dificultades para identificar alternativas viables.
El informe concluye que la próxima década será crucial para consolidar estos marcos regulatorios, mejorar su implementación efectiva y avanzar hacia una mayor armonización regional.
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Sobre el informe:El mapa fue elaborado mediante una metodología rigurosa que incluyó una búsqueda exhaustiva de normativa gubernamental y la aplicación de encuestas a miembros de los movimientos GAIA y BFFP en la región. La información resultante fue sometida a un ejercicio analítico para identificar tendencias, avances y desafíos. Disponible aquí.
Sobre GAIA:La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), agrupa a 130 organizaciones en América Latina y el Caribe y más de 1.000 organizaciones en más de 90 países, cuya visión común es promover estrategias basura cero, para construir una sociedad donde el uso de recursos respete los límites ecológicos y las comunidades locales sean reconocidas como gestoras socioambientales.
Sobre BFFP: Break Free From Plastic (BFFP) es un movimiento global que trabaja para alcanzar un futuro libre de contaminación plástica. Desde su lanzamiento en 2016, más de 13.000 organizaciones e individuos de todo el mundo se han unido al movimiento para exigir reducciones masivas de los plásticos de un solo uso y para impulsar soluciones duraderas a la crisis de contaminación plástica. Los miembros del movimiento BFFP trabajan en conjunto para traer cambio sistémico, abordan la contaminación plástica en toda la cadena de valor de los plásticos, desde la extracción hasta la eliminación, enfocándose en la prevención en lugar de curar.
El 17 de octubre se lanzó el proyecto “Gestión de residuos orgánicos en el mercado El Cardonal” en Valparaíso, Chile. El proyecto, parte de una red de iniciativas piloto en el Sur Global (Chile, Indonesia y Sudáfrica), busca demostrar el potencial de mitigación climática y de desvío de residuos de los vertederos mediante modelos de gestión de residuos orgánicos ejecutados por recicladores de base.
Valparaíso, Chile – Un hito histórico para el reconocimiento de las y los recicladores de Chile se llevó a cabo en Valparaíso, Chile, con el lanzamiento del proyecto “Gestión de residuos orgánicos en el mercado El Cardonal”. El proyecto piloto impulsado por Climate and Clean Air Coalition (CCAC), contribuirá a la mitigación de emisiones de metano mediante el tratamiento de los residuos orgánicos generados en el mercado municipal El Cardonal, y estará a cargo de un grupo de recicladores de la Cooperativa de Reciclaje El Molle (CTR).
El proyecto es parte de tres iniciativas piloto que se desarrollarán también en Bandung, Indonesia, y Durbán, Sudáfrica, con el fin de mostrar cómo el sector informal y grupos comunitarios pueden contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero proveniente de los residuos.
Soledad Mella, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH).
Soledad Mella, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH), destacó la importancia de que los protagonistas del proyecto sean las y los recicladores de base y agradeció a las y los encargados del Mercado Municipal por confiar en el proyecto. Por otro lado, Camila Nieto, alcaldesa de la Ilustre municipalidad de Valparaíso, señaló que el proyecto le permite a la ciudad avanzar en sus compromisos ambientales, pero también de la dignificación del trabajo de los recicladores, quienes históricamente han trabajado en el relleno.
Dentro de los resultados de la iniciativa se contempla el desarrollo de estudios de caso, que cuantifiquen la reducción de metano proveniente de los residuos, y modelos de negocio, que servirán para expandir modelos probados a otras ciudades interesadas en una mejor comprensión de las soluciones para la reducción del metano con reconocimiento y justicia social. Se estima que proyectos de esta envergadura pueden desviar en promedio unas 550 toneladas al año, lo cual mitiga la generación de 5.447 toneladas de metano.
Mariela Pino, Campañista en mitigación de metano para GAIA en América Latina, indicó que este es un proyecto que marcará un precedente muy valioso para otras cooperativas de recicladores de base del país y de la región latinoamericana. Entre otros, el proyecto incluye la producción de análisis técnico y económico para entender el funcionamiento, y financiamiento requerido para planificar, diseñar y mantener proyectos de valorización de residuos orgánicos. El municipio además entiende la oportunidad que hay aguas arriba para evitar las pérdidas y el desperdicio alimentario, y buscará la posibilidad de seguir apoyando las cocinas comunitarias, y los ecomercados solidarios. El plan es que el municipio extienda este proyecto a nuevas ferias libres y mercados del puerto.
Durante las dos jornadas se discutieron temas relacionados a los desafíos ambientales y la importancia de la reducción de emisiones en el contexto del sector salud, y se conocieron experiencias concretas que han generado avances en establecimientos de salud de la región, en el marco de los objetivos planteados en la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables.
GAIA LAC estuvo representada por Alejandra Parra, asesora en plásticos y basura cero, en el primer panel dedicado a la eliminación gradual de plásticos en el sector salud con la presentación Plásticos y combustibles fósiles: una relación que urge romper.
Denuncian que SEMARNAT y diversos legisladores impulsan iniciativas bajo el discurso de “economía circular”, favoreciendo a la industria plástica y buscando aplazar la prohibición de plásticos de un solo uso, incumpliendo un amparo ganado en 2024 que obliga a eliminarlos.
Propuestas legislativas—como las de la senadora Maki Ortiz y los diputados Gutiérrez Luna y Ballesteros— priorizan el reciclaje y la valorización energética, lo que promueve la incineración y el “greenwashing”, en lugar de atender la crisis ambiental y sanitaria generada por el plástico.
Las organizaciones alertan que proyectos como el Polo de Desarrollo de Economía Circular en Hidalgo perpetúan la contaminación y la injusticia ambiental en comunidades ya afectadas, beneficiando a grandes corporaciones y contraviniendo el derecho a un medio ambiente sano.
Ciudad de México, a 7 de octubre de 2025 – Organizaciones de la sociedad civil denunciaron el avance de iniciativas legislativas y acciones impulsadas por legisladoras y legisladores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que favorecen a la industria plástica bajo un supuesto modelo de “economía circular” que busca perpetuar la producción insostenible de plásticos de un solo uso en México, situación que se aleja del cumplimiento del amparo ganado en agosto de 2024, encaminado a prohibir dichos productos.
Entre las iniciativas señaladas se encuentran las de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con el “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos”, que abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040. Esta propuesta, en los hechos, funciona como un blindaje para impedir acciones inmediatas que garanticen el cumplimiento del amparo. Además, clasifica a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular, lo que fomenta su generación, evade la obligación legislativa de dar una solución real a la contaminación y contraviene la sentencia ganada y los compromisos internacionales de México.
Asimismo, es inaceptable la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y la Diputada Laura Ballesteros, ya que excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes. Con ello se priorizan nuevamente los intereses de la industria por encima de la salud humana y de la protección ambiental. De igual forma, la iniciativa del Senador Waldo Fernández González para crear la Ley General de Economía Circular pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios.
Las organizaciones señalaron que la misma SEMARNAT está promoviendo una Ley General de Economía Circular que presume fue consensuada con la sociedad civil y el sector privado; sin embargo, hasta el momento, dicha ley no se ha dado a conocer públicamente ni ha sido compartida de manera transparente. Las organizaciones señalaron que estas iniciativas representan un claro caso de greenwashing o ecoblanqueo, ya que presentan al reciclaje y la valorización energética como la principal solución al problema del plástico de un solo uso, fomentando la incineración de residuos y enalteciendo sus beneficios para la “economía circular”, pese a que la evidencia demuestra que es insuficiente. En realidad, esta estrategia beneficia a las grandes corporaciones, mientras coloca la carga de la contaminación en comunidades, gobiernos locales y en la salud de la población y el ambiente.
“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de greenwashing disfrazadas de economía circular. El gobierno federal y algunos legisladores están ignorando las verdaderas soluciones que protegen la salud , el ambiente y los derechos de las comunidades. No podemos permitir que se legisle para perpetuar la contaminación plástica hasta 2040 bajo el pretexto del reciclaje y la incineración”, afirmó Viridiana Lázaro, de Greenpeace.
De acuerdo con Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, entre los actores beneficiados por estas propuestas, se encuentran ECOCE, una agrupación fachada que incluye a grandes industrias contaminantes, como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca Cola, entre otros, además de Walmart de México y Centroamérica, con quien SEMARNAT se ha aliado para impulsar el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Este proyecto busca imponer un Parque de Economía Circular en Hidalgo, pese a la reiterada oposición de las comunidades que se verían afectadas por sus operaciones contaminantes.
Al respecto, Alain Castruita, de la organización No es Basura, mencionó que “al modelo de desarrollo industrial llamado Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar lo han dotado de un manto de sostenibilidad y bienestar; cuando en realidad estamos ante una era donde las regiones de sacrificio que son comunidades que ya viven asediadas y azotadas por la contaminación y el despojo; ahora son reconfiguradas bajo ese discurso humanista y verde que se lanza desde el oficialismo”.
“Detrás del discurso de sostenibilidad y de una supuesta economía circular, lo que se esconde es la autorización para seguir inundando al país con plásticos tóxicos de un solo uso. Esto no solo agrava la crisis ambiental y sanitaria, también condena a las comunidades a convertirse en zonas de sacrificio. No olvidemos que la región de Tula en Hidalgo ha sido declarada oficialmente como una Región de Emergencia Ambiental y Sanitaria, proyectos como este sólo perpetúan la injusticia ambiental que se vive en esa zona desde hace décadas” manifestó Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, quien además criticó que SEMARNAT ponga como ejemplo de gestión de residuos, una plantas incineradoras en Copenhague, que han resultado desastrosas para el medio ambiente y la salud, requiriendo más basura para su operación. “Lo que dicen ser circular bajo el mismo modelo de negocios, realmente significa circular sustancias tóxicas en las comunidades”, añadió.
Lejos de responder a esta emergencia, las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso están legitimando el modelo de producción lineal, asegurando los intereses de la industria plástica y petrolera. Además, se encuentran en incumplimiento de la sentencia emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 15 de agosto de 2024 (expediente 32832764), que reconoce la omisión legislativa del Congreso de la Unión para que se prohíba la venta, distribución y consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional estableciendo la obligación constitucional e internacional de legislar en favor del derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud. Esta resolución es resultado del amparo promovido por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura.
“Se debe dar cumplimiento al amparo, por ello, necesitamos una legislación que proteja la salud y los derechos humanos, no los intereses industriales, no más iniciativas que incentiven la gestión de residuos plásticos a través del coprocesamiento o waste to energy: prohibir los plásticos de un solo uso es la única solución real”, declaró Claudia Romero, de Fronteras Comunes.
Por su parte, José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, exigió al Poder Legislativo detener las diversas iniciativas que se cocinan en estos momentos ya que solo perpetúan la generación de residuos y de los plásticos de un solo uso en particular en nombre de una supuesta conomía circular. Así mismo, pidió a la SEMARNAT cancelar el Proyecto de Economía Circular en Hidalgo que solo repite una política colonialista que busca mantener el nivel de hiperconsumo en detrimento de una región ya afectada.
Las organizaciones exigieron:
Cumplir con el amparo para prohibir la producción de plásticos de un solo uso.
Detener el avance de las iniciativas legislativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico, y terminar con las alianzas con organismos de la industria plástica, al representar un claro ejemplo de conflicto de interés.
Establecer políticas firmes rumbo a la eliminación en la producción de plásticos de un solo uso, en concordancia con el nivel más alto de protección a los derechos humanos concedido por el amparo.
Garantizar la protección de las comunidades que ya enfrentan contaminación por residuos plásticos y procesos de incineración, y evitar la creación de más zonas de sacrificio.
“México no puede seguir apostando por falsas soluciones que ponen en riesgo el futuro de la población y del planeta. Exigimos que se ponga un alto al greenwashing y se trace un rumbo hacia verdaderas alternativas que prioricen la salud de las personas y la justicia ambiental”, concluyeron.
In 2022, over 1 billion tonnes of food waste was produced worldwide—equivalent to around 132 kg per person. Food loss and waste is an urgent global issue with significant social, economic, and environmental implications. According to the United Nations Environment Programme, this represents an economic loss of more than 1 trillion dollars, affecting actors throughout the value chain, from small and large producers to vendors, distributors, and consumers. Outrageously, almost 800 million people suffer from hunger and 15 million children under five years old are malnourished.
Embracing zero waste strategies linked with food systems is not merely an option—it is necessary to achieve significant climate and social benefits for current and future generations. Strong political action is needed to put in motion a pathway to systemically address food loss and waste. The moment to take bold, decisive action is now. Learn how communities work together to prevent food loss and waste through zero waste practices, while reducing methane emissions and keeping global warming below 1.5°C.
CUTTING METHANE EMISSIONS THROUGH ZERO FOOD WASTE SYSTEMS
