El proyecto ya fue conocido en el Senado, y organizaciones como GAIA expresan su preocupación de que esas enmiendas sean aprobadas también en la Cámara de Diputados.
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), y otras 17 organizaciones defensoras de los recursos naturales y los derechos ambientales expresaron su objeción a las modificaciones aprobadas por el Senado a Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos; y al mismo tiempo plantearon la prohibición inmediata de plásticos de un solo uso.
Por medio de una carta depositada en la Cámara de Diputados, donde actualmente se encuentra el proyecto, las organizaciones firmantes proponen impulsar una modificación en la cual se tome en cuenta el establecimiento de un plazo razonable, de no más de dos años, para prohibir la producción y comercialización de poliestireno expandido (foam), solvetes de plásticos, y todos los artículos plásticos denominados de un solo uso.
Darío Solano, coordinador de la Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (REDAFROS), al entregar la carta a los diputados José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, expuso que los plásticos biodegradables no propician un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
“Al contrario de lo que se cree, los plásticos biodegradables en realidad contienen las mismas sustancias tóxicas que los plásticos convencionales (se calculan alrededor de 3.000 sustancias tóxicas existentes en los plásticos convencionales), pero además contienen sustancias que hacen que se transformen en microplásticos más rápidamente, liberando todo su contenido tóxico al ambiente de manera más rápida que los plásticos convencionales”, agregó.
Al recibir la carta, los citados diputados, que pertenecen a la comisión de medios ambiente de la Cámara de Diputados se comprometieron a canalizar esas inquietudes durante la revisión del proyecto.
La carta es firmada además por: Coalición Ambiental del Noroeste (COANOR), Fundación Voces del Camú, Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendientes (REDAFRO), Fundación De Regreso Consciente al Campo, Junta de Asociación de Campesinos (JACASA), Coalición Ambiental del Este, Red Socioambiental de la República Dominicana y Comunidad Sana.
También por el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, Sociedad Ecológica de San Cristóbal Amigos de la Cuevas del Pomier, Justicia Climática, Coordinadora de Juntas de Vecinos “Santiago Castro” y Haina Iniciativa para Envejecer Feliz -Taita Mae-
En cuanto a la modificación del artículo 7, donde se obligaría a los productores, importadores y comercializadores del fon a desarrollar un sistema de gestión de residuos para el aprovechamiento y valorización en combustible y energía, las organizaciones firmantes de la carta advierten que el aprovechamiento y valorización en combustible y energía del polietileno expandido (fon o foam), solo puede lograrse a través de la incineración, ya sea con tecnología de incineración en masa o de pirólisis.
Señalan que “ambas tecnologías, así como todas las formas de incineración, generan sustancias tóxicas dañinas para la salud de las personas y el ambiente. Dentro de las más preocupantes se encuentran las dioxinas, los furanos, y metales pesados”, puntualizan.
Sostienen que esos tres tipos de sustancias son promotoras de cáncer y otros problemas graves a la salud. Agregan que las dioxinas en específico, son las sustancias más cancerígenas conocidas por la ciencia, ya que estos tres tipos de sustancias son bioacumulables, es decir, se acumulan en los cuerpos de los seres vivos durante todo el tiempo de exposición a los contaminantes.
“Luego estas sustancias se biomagnifican, es decir, aumentan su concentración a medida que se mueven en la cadena trófica (de alimentación). Esto significa que las concentraciones de los contaminantes bioacumulados aumentan progresivamente desde los vegetales hacia los animales herbívoros hacia los animales omnívoros y carnívoros”, explican en la carta.
Expresan que los lactantes son quienes reciben las dosis más concentradas de estos contaminantes ya que tienden a adherirse a la materia grasa, componente fundamental de la leche materna. Por tanto, dicen que es completamente desaconsejable establecer la incineración en cualquiera de sus formas como método de gestión de residuos, especialmente cuando se trata de cualquier tipo de plástico.
“La incineración de plásticos (incluyendo los pirólisis para la obtención de combustible) atenta contra los derechos a la salud, a la integridad física y psíquica, a vivir en un ambiente sano y equilibrado, entre otros derechos consagrados en el derecho internacional. Atenta también contra lo establecido en la Constitución de la República Dominicana sobre el deber del Estado de preservar y proteger el ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones”, detalla la carta.
Solano, dijo que la mayor preocupación de las organizaciones es que, a pesar de la buena voluntad de los honorables legisladores, este tipo de iniciativas puedan ser utilizadas como bajadero por ciertos sectores industriales que procuraron -y continúan procurando- que en el país no se lo ponga plazo definitivo para la eliminación en la producción y comercialización de este tipo de plásticos llamados “de un solo uso” y cuyos daños a nuestros ecosistemas está más que demostrado.
Llaman a imponer la reducción gradual de las compras de envases desechables no reciclables en los organismos del Estado Dominicano. Estos estarían obligados a incluir un 20% de empaques renovables o reciclables en el primer año y aumentarlo gradualmente hasta el 100% en el tercer año. Con esa simple medida se daría un gran impulso a la industria local de envases biodegradables o reutilizables.