Sociedad civil y recicladores de Brasil inician organización en torno a nuevas amenazas

Masivo plan de cierre de vertederos de Brasil activa planes pro incineración.

(English below)

Brasil ha conseguido interesantes avances en materia de residuos en los últimos 10 años, desde la aprobación de la Ley n° 12.305 de 2010 que crea la Política Nacional de resíduos Sólidos (PNRS). Entre los aspectos positivos de la Ley se encuentra el énfasis en la reducción, la reutilización y el reciclaje. Además, el texto hace diez referencias explícitas a la participación de las cooperativas de recicladores en la gestión de los residuos. Asimismo, contempla financiamiento para los municipios que incluyan en sus planes la separación en origen con recicladores, medida que promoverá el desarrollo de las cooperativas. Entre los aspectos negativos en tanto, destaca el artículo 9, que abre las posibilidades para la “recuperación energética” de los residuos, es decir, la incineración.

El lobby pro-incineración no se hizo esperar, pero durante estos años la presión ha sido resistida, en particular gracias a la enorme capacidad organizativa del Movimiento de Recicladores de Brasil MNCR. Sin embargo, el brutal endurecimento y alineamiento de políticas públicas inclinadas hacia la privatización han puesto en una situación de verdadero peligro a los esfuerzos de manejo de residuos bajo los principios de basura cero en el país, y en particular a los recicladores y sus fuentes de trabajo. Ha situado a la industria en un rol protagónico flagrante em la toma de decisiones sobre el destino de los residuos em Brasil.

El 30 de abril de 2019 esta situación se hizo pública con el lanzamiento por parte del Ministério do Medio Ambiente en Curitiba (PR), del Programa Nacional Lixão Zero. El programa es parte de la segunda fase de la llamada Agenda Nacional de Calidad Ambiental Urbana, donde uno de los temas es el de los residuos sólidos. El mismo día del lanzamiento del Programa Nacional se hizo pública una ordenanza nacional que regula el uso de los incineradores en el país, lo que da una clara señal de cuál es el énfasis del Programa Vertedero Cero que se lanzó. Asimismo, en el evento de lanzamiento se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Brasilera de Empresas de Limpieza Pública de Residuos Espaciales (Abrelpe), para la elaboración del Plan Nacional de Resíduos Sólidos (Planares). Esta es una señal inequívoca del modo de operar del Gobierno de Brasil al poner a la empresa privada en la esfera de toma de decisiones sobre la política de los residuos en el país.

A todo lo anterior se suma el recorte dramático de fondos a la Defensoría Pública de Brasil, que ha sido un organismo que históricamente ha apoyado al movimiento de recicladores y los principios de basura cero. La Defensoría realizó una exhaustiva Nota Técnica sobre el Plan de Cierre lanzado, en la cual enumera aspectos del Plan que lo hacen ilegal: el cierre de vertederos y tratamiento ambientalmente adecuado de los residuos presupone la inclusión económica y social –con anterioridad- de los catadores. Asimismo, también es obligación legal planear la transición hacia un sistema de recolección selectiva con la participación de los recicladores. “El programa Vertedero Cero– que considera el cierre de toda actividad en los vertederos, no incluye en la ecuación la indispensable figura del reciclador. El orden debe ser: primero incluir, después cerrar”.

La sociedad civil demanda y se organiza

Entre las demandas planteadas por la sociedad civil frente a esta situación se encuentra: que el poder público observe la obligación legal de inclusión social y económica de las cooperativas y recicladores en el proceso de cierre de las actividades en los basurales; Insertar en el programa, en la parte referida al sistema de recolección selectiva, el indicativo de la obligación legal de contratación directa de los recicladores, y que la eventual no contratación debe ir acompañada de una justificación consistente; retirar el incentivo a la incineración del Programa y / o suspender los efectos de las metas / normas hasta que la sociedad conozca y discuta, con profundidad, la cuestión, en audiencias públicas y similares, y con exhaustivo análisis de estudios técnicos y conocimiento de las experiencias internacionales.

La Alianza Residuo Cero y el MNCR se encuentran en plena organización de un encuentro de recicladores y actores de la sociedad civil con el objetivo de discutir y coordinar acciones orientadas a cuestionar públicamente y presionar a las autoridades a través de la fuerte reactivación del movimiento contra la incineración que siempre ha existido en el país y que ha permitido hasta ahora no solo detener decenas de propuestas de incineración sino también poner en su justo lugar protagónico a los recicladores de base, y los principios de basura cero orientados a la reducción y al reciclaje popular.


Civil society and recyclers in Brazil organize due to new threats

 

Massive plan of closing dump sites in Brazil activates incineration plans.

Brazil has achieved interesting advances in waste matters during the last ten years thanks to the approval of the Law nº12.305 in 2010, which was the foundation for the National Policy on Solid Waste (PNRS). Among the positive aspects of the Law is its emphasis on reduction, reuse and recycling. In addition, the text makes ten explicit references to the participation of recyclers’ cooperatives in the management of waste, and municipalities that include at-source segregation with recyclers in their plans are eligible for funding. The measure will promote the development of cooperatives. On the other hand, article 9 of that same law opens the door to “energy recovery” of waste, therefore, incineration.

Despite the efforts of the pro-incineration lobby, in past years the pressure has been resisted, especially thanks to the enormous organizational capacity of the National Movement of Recyclers of Brazil MNCR. However, the brutal hardening and alignment of public policies that have a tendency towards privatization have created a situation that endangers efforts to manage waste under the principles of zero waste in the country,  in particular, recyclers and their source of work. It has placed the industry in a flagrant leading role in the decision-making on how waste is managed in Brazil.

In addition to that, there have been dramatic cuts in funding for the Public Defender’s Office of Brazil, which is a body that has historically supported the movement of recyclers and zero waste principles. The Public Defender’s Office made a comprehensive Technical Note on the closure plan, which lists aspects of the Plan that make it illegal: the closure of landfills and the environmentally sound treatment of waste presupposes social and economical inclusion of recyclers. Moreover, it is also a legal obligation to plan the transition towards a selective waste collection system with participation of recyclers. “The program Zero Landfill, which considers the closure of all activities in landfills does not include in the equation the essential participation of recyclers. The order must be: first include, then close”.

Civil society demands and organizes

Some of the demands raised by the civil society in the light of this situation are: that the public power observe the legal obligation of social and economic inclusion of cooperatives and recyclers in the process of closing activities in landfills; to add in the program, in the part referring to the selective collection system, the legal obligation to contract recyclers and that an eventual non-contracting must be accompanied by a consistent justification; to remove the promotion of incineration from the Program and to suspend the effects of the goals/norms until the society discusses in depth the issue, in public audiences and similar spaces, with exhaustive analysis of technical studies and knowing international experiences.

The Zero Waste Alliance and the MNCR (National Movement of Recyclers) are organizing a meeting of recyclers and civil society actors with the aim to discuss and coordinate actions oriented to publicly question and pressure authorities through a strong reactivation of the movement against incineration. This movement has always existed in the country and which has succeeded until recently in both stopping dozens of incineration projects, and positioning recyclers and zero waste principles oriented towards reduction and popular recycling in a leading role.