México – Organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profunda preocupación ante la nueva iniciativa de Ley General de Economía Circular, presentada recientemente en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué. La propuesta elaborada por SEMARNAT en conjunto con el sector privado, se presenta como un avance ambiental, pero su contenido revela un enfoque centrado en beneficios económicos y extractivos, dejando en segundo plano la protección del ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades.
Según las organizaciones, la iniciativa contradice los principios que México ha defendido en espacios internacionales como la COP30, y carece de la ambición climática señalada por la propia Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena.
“La iniciativa presentada es una simulación que bajo el disfraz de la economía circular deja una carta abierta para que los actores con intereses económicos continúen con sus prácticas contaminantes. No protege la salud ambiental de manera efectiva. Al no incluir indicadores sanitarios; verdaderos esquemas de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, ni la coordinación con el sector salud. Además, al establecer esquemas voluntarios y distintivos artificiales para la industria, deja desprotegida a toda la población y a los ecosistemas frente a los riesgos derivados de la contaminación producida en todo el ciclo de vida de los productos”, agregó Larisa de Orbe, Directora de Acción Ecológica México.
Una ley que prioriza quemar basura antes que prevenirla
Una de las principales críticas es que la iniciativa apuesta por la termovalorización, es decir, la quema de residuos, sin priorizar la prevención de su generación. Esto va en contra del principio básico de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera. Aunque incluye la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), las organizaciones advierten que su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles, lo que podría retrasar la asunción real de responsabilidades por parte de las industrias. Además, la Secretaría de Economía tendría un rol decisivo en dichos acuerdos, reforzando un sesgo económico por encima del bienestar ambiental y sanitario.
El documento también permite que las empresas utilicen compensaciones ambientales basadas en falsas soluciones, como bonos verdes o créditos de carbono, que sólo prolonga la contaminación.
Por otro lado, las organizaciones señalan que la propuesta sustituye acciones reales de reducción y prevención, normaliza tecnologías contaminantes y carece de medidas para promover el rediseño, durabilidad, reparación y reutilización de productos. Esto, dicen, perpetúa el modelo de producción lineal y la obsolescencia programada.
“Esta iniciativa niega al consumidor la información necesaria para ejercer su derecho a un consumo más responsable… permanece una política que favorece una forma de producción con profundas externalidades ambientales y sociales que pagamos todos”, afirmó Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.Otro punto crítico es la modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos bajo el argumento de armonización. En realidad, denuncian, esto debilita la legislación existente al introducir principios que favorecen la termovalorización, pese a su impacto negativo en la salud y en los territorios donde se pretende implementar.
Un proceso excluyente y contrario al Acuerdo de Escazú
Las organizaciones también denuncian que el proceso de elaboración de la iniciativa excluyó a la sociedad civil, pese a la obligación legal de participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú. Además, incumple resoluciones judiciales, como el amparo ganado por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura; que establece la obligación legislativa de prohibir plásticos de un solo uso.
“En su forma actual, la iniciativa representa un retroceso ambiental y social… hacemos un llamado urgente a SEMARNAT y legisladores a corregir el rumbo, abrir el proceso a la ciudadanía y no avanzar con esta ley”, declaró Viridiana Lázaro, de Greenpeace México.
“La nueva iniciativa que busca tropicalizar el concepto de economía circular, solo gestiona los residuos sin evitar su producción. Esto sin importar que las prácticas ahí plasmadas expongan la salud y el ambiente de los mexicanos. Las y los legisladores que se dicen preocupados por el pueblo deben demostrarlo, y rechazar esta iniciativa promovida desde las oficinas de la Semarnat”, señaló José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
“Durante este año, no hemos visto ninguna iniciativa que pretenda poner fin al problema real, que es evitar la producción; está iniciativa escrita por SEMARNAT, empresas e industrias, no es la excepción. No hay una intención real para legislar por la prohibición de plásticos de un solo uso, una legislación para regular las sustancias químicas peligrosas y sobre todo, acciones para prevenir la exposición a sustancias y este tipo de materiales nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Es lamentable que la Secretaría encargada de velar por el medio ambiente y la salud presente proyectos de ley que perpetúan el daño”, comentó Claudia Romero de Fronteras Comunes.
Finalmente, las organizaciones coinciden en que México tiene la oportunidad de construir una legislación que priorice la salud, reduzca emisiones, minimice residuos y proteja a las comunidades. Sin embargo, advierten que la iniciativa presentada representa un retroceso y urge corregir el rumbo antes de avanzar en el proceso legislativo.