El Municipio de San Pedro La Laguna se ubica en el Departamento de Sololá, en Guatemala. De población indígena, Tzutuhil, es uno de los 14 municipios que integran la cuenca del Lago Atitlán, uno de los cuerpos de agua más bellos del país. En septiembre de 2016, el Alcalde Municipal tomó una propuesta ciudadana y aprobó mediante Acuerdo Municipal (ordenanza municipal) una prohibición al uso y comercialización de pajillas y bolsas plásticas de un solo uso, así como de productos de poliestireno (conocido localmente como duroport). La prohibición levantó inmediatamente una serie de reacciones que llegaron a casi todos los alrededores del país. Tres años después, tras haber ganado una demanda que interpusieron los industriales del plástico, la norma sigue vigente y cuenta con aceptación de buena parte de la población. Los habitantes del pueblo considerando que han cambiado e, indican, ese cambio es para siempre. Como corolario, la iniciativa de San Pedro La Laguna y de al menos otros 17 municipios del país ha escalado: en septiembre de 2019 el gobierno de Guatemala prohibió el uso y distribución de bolsas, pajillas, vasos, platos, mezcladores y recipientes para alimentos hechos de plásticos desechables a partir de 2021.
REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS: EL CASO DE SAN PEDRO LA LAGUNA
En 2021 el equipo regional de GAIA LAC junto al ingeniero agrónomo y miembro de GAIA Javier Souza
idearon una fórmula de trabajo que explora en dichas intersecciones y promueve la interacción y el diálogo
entre actores diversos, desde temáticas diversas que en el diálogo y el aprendizaje encuentran poderosos
puntos de encuentro. Este primer proceso se desarrolló durante 8 meses y este documento relata la
experiencia para recoger aprendizajes y ser replicada en el futuro. Hasta el momento, este taller ha sido
ofrecido ya 2 veces, y en 2023 vamos con la tercera versión.
Como corolario de la acumulación por desposesión, la desposesión por contaminación profundiza las estructuras clasistas y racistas que segregan territorios ancestrales y comunitarios. Son las fuerzas policiales, militares y paramilitares las que garantizan la imposición, estatal o privada, de una suerte de condena o destino fatal: la basurización de los cuerpos, de las comunidades y de los ecosistemas.
Este libro recoge las voces de denuncia de quienes habitan territorios en sacrificio. Documenta el sufrimiento ambiental y social que se traduce en enfermedad, daño psicosocial y muerte. Sistematiza los procesos de organización para la exigencia del cumplimiento de la consulta vinculante, el principio precautorio y la reparación integral. Pero, ante todo, es la prueba viva de la deuda ecológica, social y ética que el centro tiene con las periferias.
Autores: María Fernanda Solíz Torres, Doménica Enríquez Cárdenas, María Concepción López Silva, José Solano Peláez, Héctor J. Pérez Zamora, Edith Brusil Quincha, Martín Ortíz Vinueza, Gloria Farinango Quishpe, Víctor Iguamba Cadena, David Fajardo Torres, Juan Pablo Aguilar Ortega, Danny Galarza Rivera, Manuel Quizhpilema Paguay.
Primera edición, 2023
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Alianza Basura Cero Ecuador
VLIR-UOS
Ku Leuven
Alianza Global para Alternativas a la Incineración de Residuos, GAIA
Fundación El Árbol, Chile, nos presenta un resumen de los hallazgos y reflexiones que obtivieron a partir de distintas actividades que realizaron con la comunidad local durante el año 2022 con la colaboración de organizaciones socioambientales.
Los objetivos principales fuera levantar información de forma participativa sobre la basura y sus impactos en los ecosistemas del Gran Concepción, y contribuir a la búsqueda de soluciones comunitarias para generar menos residuos y su posterior manejo y gestión.
Agradecemos a la secretaría del INC para el Tratado de Plásticos, la compilación de las propuestas entregadas por los gobiernos y partes interesadas que se encuentran resumidas en el documento publicado por PNUMA el 13 de abril del presente año. Valoramos enormemente este trabajo que esperamos siente las bases para las discusiones que se lleven adelante próximamente en el INC-2.
El documento analiza las obligaciones, mecanismos, principios y estándares del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales y de salud, que pueden informar el proceso de negociación e implementación del instrumento jurídicamente vinculante sobre contaminación por plásticos. Para ello, describe las obligaciones, mecanismos, principios y estándares del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales y de salud.
En primer lugar, las restricciones impuestas por la Secretaría del Comité Intergubernamental de Negociación para la segunda ronda de negociaciones del tratado de plástico van en contravía
de la Resolución 5/14 de la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, en la que se “destaca la necesidad de garantizar una participación lo más amplia y eficaz posible en la labor del grupo de trabajo especial de composición abierta y el comité intergubernamental de negociación”. Creemos que para avanzar hacia un tratado ambicioso y efectivo, se requiere que las organizaciones de la sociedad civil, los expertos científicos independientes, los Pueblos Indígenas, los recicladores de oficio y las personas que viven en las zonas afectadas por la contaminación por plásticos puedan participar de manera significativa en todo el proceso.
Por cada modelo de moda ultrarrápida, hay uno sostenible esperando a romper el sistema. Podemos convertirlos en norma apoyando los modelos de negocio de moda de basura cero.
Esta infografía muestra el proceso completo y los beneficios de un modelo de negocio de moda de basura cero, así como las principales diferencias en comparación con un modelo lineal.
Este material complementa el informe de Zero Waste Europe “Más allá de la moda circular: un nuevo modelo de negocio para la industria de la moda”, publicado en enero de 2023.
La región de la Araucanía en Chile, específicamente la ciudad de Lautaro, en la provincia de Cautín, fue la elegida en 2016 por la empresa WTE Araucanía SPA para proponer la instalación de un incinerador de basura con capacidad para tratar 200 mil ton/año de residuos, inicialmente para tratar la basura de la capital regional Temuco, y posteriormente de toda la región. Hoy la región genera 306 mil ton/año, al menos la mitad de este volumen, el que corresponde a la comuna de Temuco, es transportado a la región del Bio Bio, con un gasto de 453.000 USD mensuales para el municipio.
Afortunadamente desde entonces la ciudadanía no ha hecho más que informarse y conocer las consecuencias que podría tener este tipo de proyecto en sus territorios, trabajando activamente en repudiarlo, lo que ha logrado conseguir que el proyecto se encuentre rechazado por la gobernanza local.