Antes de abril de 2019, no existían regulaciones internacionales para los flujos de plásticos no peligrosos entre los países. Los países que exportan residuos plásticos peligrosos tenían que obtener el consentimiento previo de los países importadores, en virtud del Convenio de Basilea, de la misma manera que para todos los residuos peligrosos.
Pero se evidenció que muchas compañías privadas estaban depositando residuos plásticos mezclados y muy contaminados en otros países para evitar pagar por el manejo adecuado de estos residuos en su propio país. Las “especificaciones” industriales para el comercio de residuos plásticos no impidieron tales abusos.
En abril de 2019, el Convenio de Basilea aprobó nuevas reglas, las que exigen que los países exportadores obtengan el consentimiento informado previo de los países importadores antes de exportar residuos plásticos no peligrosos, excepto ciertas categorías que permanecen sin regulación.
Estas enmiendas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2021 y miembros de GAIA pertenecientes a dos países de la OCDE en América Latina, México y Chile, han trabajado en importantes tareas de incidencia para impulsar a sus gobiernos a integrar estas nuevas enmiendas dentro de sus regulaciones sobre el comercio de residuos. Lo anterior, porque dentro de los países de la OCDE no hubo consenso respecto de cómo integrar estas enmiendas. Dicha falta de consenso significa que tales flujos salen de la jurisdicción de la Decisión de la OCDE.
La OCDE tiene hasta el 1 de diciembre de 2020 para decidir cómo reflejará esta situación en sus regulaciones sobre el comercio transfronterizo de residuos y se está alentando a los gobiernos de los países de la OCDE -entre ellos Chile y México- a que se aseguren que cualquier enmienda al texto de la Decisión de la OCDE y cualquier acción por parte de los miembros de la OCDE respeten el derecho internacional, e incluso el Convenio de Basilea, y que se aseguren que el Convenio esté implementado adecuadamente.
Esperamos que den buenos resultados la serie de reuniones realizadas con autoridades competentes en esta materia así como el apoyo técnico ofrecido para trabajar en forma coordinada con la sociedad civil en la reglamentación de estas enmiendas en los respectivos países.