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El gobierno argentino aprobó un Decreto mediante el cual el país quedará a merced de la certificación de “mercadería-residuo” realizada en el país de origen y de la empresa que es receptora de esos residuos. El decreto es muy general en cuanto a la referencia de las sustancias que no podrían ingresar. Desde la Coalición Ciudadana Anti-incineración advierten además que esto atenta contra el trabajo de los recicladores de base y solicitan su derogación, recordando una vez más, que es necesaria la promulgación de una ley que efectivamente proteja al país del ingreso de cualquier tipo de residuo.