Magdalena Donoso, GAIA América Latina

Hablar de acuerdos multilaterales resultado tedioso, un augurio a lo complicado, un pasaje seguro a un lugar lejano y lleno de paisajes teóricos, un posible destino de fondos que no entendemos a cabalidad para dónde van ni de qué sirvieron cuando la temperatura en el mundo sigue aumentando y el sistema de producción y consumo sigue imperturbable.

Pero el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, , desde su concpeción hasta sus alcances, escapa de mucho de lo que hemos visto hasta hoy en esas esferas, y resulta fundamental difundir el alcance práctico y político que puede tener para toda la región latinoamericana. Porque si avanzamos de manera sustancial y armómonica como región hacia el pleno derecho a la información, a la participación y los actores de esos procesos no son vulnerados en su integridad como defensores ambientales, se abre la esperanza de pisar tierra firme a la hora de caminar hacia soluciones estructurales.

Este es el Primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, y tiene su fundamento en el Principio 10 de la Declaración Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que busca asegurar que cada persona tenga acceso a la información, pueda participar en el proceso de toma de decisiones y tenga acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región“, señala Andrés Napoli, Director Ejecutivo de la Fundación para la Naturaleza y Recursos Naturales de Argentina, FARN.

 

Publicación oficial del Acuerdo regional. Disponible en https://www.cepal.org/acuerdodeescazu

¿Cuál es el objetivo del Acuerdo?

 

Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justiciar en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

¿Cuáles son los pilares de este Acuerdo?

 

Un Acuerdo para la participación debe emanar de un proceso participativo


Parte de los estimulantes resultados de este Acuerdo está dado por el hecho de que el público integró parte del comité de negociación a través de dos representantes (dos mujeres, elegidas de manera participativa), que pudieron representar a la sociedad civil, y ofrecer propuestas específicas con voz en las negociaciones. Al integrarse en un comité de negociaciones (lo que es muy diferente a lo que normalmente entendemos por participación como veedor o para presentar propuestas en espacios internacionales de negociación), se requiere tiempo y preparación para ser pertinentes en los aportes. Una de las fortalezas del acuerdo es que Impulsará el ejercicio de los derechos y hay mecanismos como acceso a la justicia y la protección de los defensores ambientales, cuestiones en la que la participación del público fue determinante. “La participación del público en el proceso es un ejercicio virtuoso y así como en éste, otros procesos deben incorporar al público como una herramienta de apoyo virtuoso y no de obstaculización”.

Países que ya han firmado el acuerdo

 

 

Costa Rica Ecuador Guatemala
Guyana Haití México
Panamá Paraguay Perú
República Dominicana Santa Lucía Uruguay

 

Los desafíos de América Latina en la implementación de derechos y el rol de este Acuerdo


America Latina sigue enfrentando desafíos en la implementación de derechos. La legislación es muy desigual, y mientras en algunos países falta legislación, en otros falta una adecuada implementación. Este acuerdo es vinculante y sin reservas, y en la medida que se incorpora a la legislación de los países les hará crecer en aquellos elementos débiles existentes. Los principios del acuerdo son fundamentales desde distintos puntos de vista, a saber:

  • Transparencia y revisión de cuentas: central para revisar políticas públicas.
  • Principio de no regresión: no permitirá en temas ambientales la vuelta atrás en el establecimiento de políticas.
  • Ratificación del principio preventivo y precautorio.
  • Principio pro persona unifica ambiente con derechos humanos.
  • Mucho trabajo de fortalecimiento de capacidades. Lo más importante es la utilización de las herramientas jurídicas, cuanto antes podamos ratificarlo más rápido podremos usarlo.

¿Qué queda por hacer y qué papel nos toca como ciudadanos?


El acuerdo no ha entrado en vigencia, y para ello al menos 11 estados deben vincularse formalmente con él (ratificarlo). Una vez que eso ocurre, entrará en vigor y será vinculante.
15 de 33 países han dado el primer paso, que es la firma del acuerdo. El siguiente paso es precisamente la ratificación de cada país. Cuando lleguemos a 11, el acuerdo entrará en vigencia.Para animar y acelerar este proceso, como ciudadanos nos toca estar informados sobre el alcance del Acuerdo

  • En GAIA organizamos un webinar para informar sobre los alcances del Acuerdo. Fueron invitados a exponer Valeria Torres de la Secretaría Técnica del Acuerdo en la CEPAL y Andrés Napoli Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN. Pueden ver parte del webinar aquí, y revisar las presentaciones de los invitados aquí.  Les invitamos a revisar esta información y conocer mejor los alcances del Acuerdo.

Presentaciones del webinar disponibles aquí:

Valeria Torres CEPAL   /  Andrés Napoli FARN

  • Es fundamental aumentar la masa crítica para que los tomadores de decisión aceleren el proceso de ratificación. Como ciudadanos podemos impulsar a que los países lo ratifiquen, y una vez que ello ocurra buscar mecanismos de participación en las conferencias de las partes que se desarrollarán en el futuro, así como velar por el cumplimiento del acuerdo .
  • Este breve formulario disponible en el sitio web de la CEPAL puede ser completado por quienes deseen mantenerse informados para facilitar su participación; coordinar la participación pública en reuniones internacionales; y contribuir a la transparencia del proceso. El Mecanismo también puede servir de complemento a las acciones de participación llevadas a cabo a nivel nacional.


 


Si has llegado hasta aquí, te invitamos a leer estos elementos centrales del Acuerdo compartidos por Valeria Torres de CEPAL:

 

  • Vínculo derechos humanos y protección del medio ambiente.
  • Expresión concreta del objetivo último de la Agenda 2030: No dejar a nadie atrás. Establece medidas específicas en favor de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y busca superar barreras al ejercicio de los derechos de acceso y prevenir toda forma de discriminación.
  • Interrelación e interconexión de los derechos de acceso (información, participación y justicia).
  • Establece obligaciones internas a los Estados pero también entre Estados relativas a cooperación y fortalecimiento de capacidades, y crea un estándar común para la implementación.
  • Primer tratado vinculante en el mundo en proteger específicamente a los defensores ambientales.

Otros elementos de interés

 

Defensa de los Derechos humanos en asuntos ambientales
  • Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
  • Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
  • Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
Accesibilidad de la información ambiental
  • Deber de garantizar el derecho del público de acceso a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad.
  • Derecho a solicitar y recibir información, sin necesidad de mencionar interés especial; ser informado en forma expedita si la información obra o no en poder de la autoridad y del derecho a recurrir y requisitos para ejercer ese derecho.
  • Facilitación a personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Deber de garantizar que personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular peticiones y obtener respuesta
Participación en procesos de toma de decisiones
  • Deber de asegurar el derecho de participación del público  en los procesos de toma de decisiones ambientales – participación abierta e inclusiva.
  • Deber de garantizar mecanismos de participación del público en procesos de tomas decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades u otros procesos de autorizaciones ambientales.
  • Promoción de la participación en procesos de tomas decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a asuntos ambientales de interés público (ordenamiento del territorio, elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos)
  • Adopción de medidas para participación del público en etapas iniciales.
  • Deber de proporcionar la información necesaria para hacer efectivo el derecho a participar  – información a través de medios apropiados.
  • Plazos razonables.
  • Presentación de observaciones y debida consideración de ellas.
  • Difusión de las decisiones y sus fundamentos a través de medios apropiados  – decisión y sus antecedentes públicos y accesibles.
  • Condiciones propicias para que la participación se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público.
  • Medidas afirmativas para público directamente afectado.
  • Promoción de la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental y en instancias nacionales para tratar asuntos de foros internacionales ambientales.

 

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